"CONSEJO AUDIOVISUAL ESTATAL, YA " por Juan Mateo López
Que España sea el único país de la Unión Europea junto a Luxemburgo que carezca de un Consejo Audiovisual Estatal, que no contemos con una “autoridad independiente” que nos represente en la EPRA donde convergen 48 estados, que nuestro Senado aprobara casi por unanimidad en 1995 una propuesta para que se creara una Comisión Audiovisual o un Defensor del Telespectador y que después retomara el Defensor del Pueblo el tema en 1996, 1997 y 1998 para que se cumpliera el acuerdo y recibiera el silencio por respuesta, sólo puede interesar a quiénes abogan por medios de comunicación de titularidad pública y de partido; a los que fomentan y se benefician de los monopolios audiovisuales; a los que recortan la libertad de expresión e información para proteger la imagen de siglas políticas; a los que abogan por una clase periodística sin conciencia deontológica; y a los que todavía creen que los medios audiovisuales sólo sirven como instrumento para conseguir o mantenerse en el poder económico o político, volviéndole las espaldas en ocasiones a la dignidad humana, a los valores de una sociedad, a los derechos fundamentales de las personas…
El Consejo Audiovisual en España es necesario. En los últimos tiempos se han dado demasiados y lamentables botones de muestra de cómo funcionan la mayoría de los medios de comunicación públicos, locales, autonómicos y estatales, como para decidirnos ya a crear un organismo autónomo independiente y de ámbito estatal. Un organismo independiente de lo político y de lo económico. Por tanto ha de ser un órgano que se financie de manera directa vía impuestos. Hay que desterrar cualquier lastre de posible dependencia. Un Consejo Audiovisual Estatal que dé cobertura a los Consejos Audiovisuales Autonómicos de Cataluña, Navarra, Andalucía y a los que se vayan conformando en el futuro. Un consejo con capacidad sancionadora pero sin llegar a la censura, despolitizado, con capacidad para renovar o no licencias, de extracción parlamentaria pero no dependiente del Gobierno, un Consejo que no adopte decisiones unilaterales sin haber escuchado las demandas de la sociedad, y sobre todo que vele por el pluralismo, la libertad de información y la libre concurrencia.
Ante un conflicto de intereses entre medios y espectadores podría ser una magnífica herramienta para poner de acuerdo a las partes.
Una vez más la sociedad ha ido por delante de las leyes, de las normativas legales y de los organismos que se hacen necesarios para mejorar la calidad de la convivencia en sociedad. Nunca es tarde si al final podemos contarlo.
